Se ha hablado y escrito mucho sobre las reformas de amplio alcance que el Congreso mexicano aprobó durante el último año natural.

Hay quien opina que las reformas más importantes —es decir, aquellas que podrían tener un efecto más profundo a largo plazo en el desarrollo social y económico del país— son las que afectan al sector energético nacional.

La cuestión más debatida al respecto, hasta la fecha, ha sido la relativa a los cambios que garanticen la posibilidad futura de que las empresas extranjeras participen en la exploración de petróleo y gas natural en territorio mexicano y en sus aguas territoriales. Estas funciones han sido competencia específica y exclusiva de entidades nacionales, fundamentalmente la empresa petrolera nacional mexicana, PEMEX, desde que todas las reservas de petróleo, las instalaciones y las empresas petroleras extranjeras presentes en México fueron expropiadas durante la presidencia de Lázaro Cárdenas en 1938.

En el año anterior a la nacionalización de la industria petrolera, México creó la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Hasta la aprobación de las recientes medidas de reforma energética, la CFE era responsable, en virtud de la Constitución mexicana, de todas las actividades relacionadas con la generación, distribución y transporte de energía eléctrica en México. Como consecuencia del prolongado monopolio gubernamental sobre estas actividades, las tarifas eléctricas comerciales mexicanas son hoy en día aproximadamente un veinticinco por ciento más elevadas que las que pagan los usuarios comerciales e industriales en Estados Unidos. De no ser por las subvenciones que concede el Gobierno federal mexicano para mantener los precios relativamente competitivos, las tarifas del país habrían aumentado hasta superar en un setenta por ciento a las aplicadas en Estados Unidos durante el periodo de mayor intensidad de la industrialización del país. Como consecuencia de las tarifas eléctricas comerciales mexicanas no competitivas, muchas industrias, especialmente aquellas dedicadas a la fabricación de productos que requieren grandes cantidades de electricidad como parte de sus procesos de producción, han optado, en la mayoría de los casos, por no establecer instalaciones en México.

Aunque las nuevas reformas energéticas mantienen la competencia exclusiva de México para llevar a cabo la planificación necesaria para el desarrollo de la red eléctrica nacional y para ejercer el control sobre su sistema eléctrico, sí prevén la participación de agentes privados, tanto extranjeros como nacionales, en determinadas actividades con el fin de que las tarifas comerciales de la electricidad en México sean más competitivas con el paso del tiempo.

El control exclusivo del Gobierno mexicano sobre su sistema eléctrico se limitará a partir de ahora al transporte y la distribución de energía. Las reformas han abierto espacios para que los extranjeros y los agentes del sector privado en México puedan «generar, transportar, transformar, distribuir y almacenar energía eléctrica». Ahora también es posible que las empresas privadas y el capital extranjero participen en la prestación de servicios destinados a mejorar y modernizar la red de transporte y el sistema de distribución de México, así como a participar en la financiación de dichas iniciativas.

El Gobierno mexicano cuenta con que el sector privado aporte tecnologías que le permitan atraer nuevas inversiones industriales al país gracias a la reducción de las tarifas comerciales de la electricidad en México. La inversión y las tecnologías extranjeras son esenciales. Aunque las autoridades mexicanas prevén un crecimiento anual estimado del 4,1 % en la demanda de electricidad a corto plazo, la CFE dispone de recursos que permitirían que la red eléctrica nacional se expandiera a un ritmo mucho más lento, del 1,1 % anual.

También se espera que los cambios introducidos en materia de exploración de petróleo y gas tengan, a la larga, un efecto positivo a la baja en las tarifas que se cobran a los usuarios industriales de electricidad en México.

En la actualidad, aproximadamente el veinte por ciento de la electricidad generada en México se produce a partir de petróleo y gasóleo. La generación de energía a partir de estos recursos resulta entre cuatro y seis veces más cara que la obtención de energía a partir de gas natural. Dado que México cuenta con importantes yacimientos de gas natural —en cuya exploración ahora pueden participar empresas extranjeras—, el acceso a dichos yacimientos y su aprovechamiento para la producción de energía también contribuirá a reducir las tarifas comerciales de la electricidad en México.

La desventaja competitiva de México en lo que respecta al coste de la energía eléctrica que consumen los fabricantes podría llegar pronto a su fin. Cuando esto ocurra finalmente, las industrias y empresas que, en su momento, consideraron que establecer y mantener la producción en México resultaba prohibitivamente caro debido a las elevadas tarifas eléctricas comerciales del país, tendrán una nueva opción a su alcance.