Las empresas mexicanas de cobertizos ofrecen una mayor seguridad a los fabricantes.

Aunque gran parte de las reformas económicas propuestas, aprobadas y aplicadas en los últimos años se han llevado a cabo en términos muy claros, precisos y bien definidos, recientemente se ha aclarado una cuestión importante que hasta ahora no estaba del todo clara. Se trata de la relación entrelas empresas mexicanas de «shelter»y sus clientes (empresas de producción), a los que prestan sus servicios de apoyo a la fabricación externalizados.

Inicialmente, el Gobierno propuso que las empresas que operaran bajo los auspicios de una sociedad de refugio mexicana, y al amparo de sucertificación IMMEX, pudieran hacerlo durante un período limitado a cuatro años. El Gobierno mexicano también estipuló que las empresas extranjeras que ya operaran a través de un proveedor de servicios de refugio mexicano pudieran seguir haciéndolo hasta el 1 de enero de 2017. Pasado ese plazo, los fabricantes que operaran en México con la ayuda de empresas mexicanas de «shelter» estarían obligados a constituir su propia entidad mexicana y a comenzar a operar por su cuenta, lo que incluiría la certificación de su nueva entidad mexicana como entidad independiente en el marco del IMMEX.

En la penúltima semana de diciembre de 2015, las autoridades mexicanas modificaron esta normativa. Los cambios acordados fueron el resultado de varios años de reuniones y actividades de sensibilización llevadas a cabo por ejecutivos que representaban a las empresas de «shelter» más destacadas del país, con el fin de explicar a los responsables federales de la política económica, así como a los funcionarios fiscales del país, el importante papel que desempeñan estas empresas a la hora de atraer y retener la inversión extranjera directa procedente de diversos sectores manufactureros y de países socios económicos internacionales.

La resolución modificada que se ha presentado recientemente estipula que las empresas que se establezcan en México con fines productivos podrán operar dentro del marco y la estructura que les proporcione unasociedad de refugio mexicanadurante un total de ocho años. Además, el plazo que vencía el 1 de enero de 2017 para dichas operaciones, en el caso de las empresas que ya están en funcionamiento con un proveedor de servicios de refugio, se ha ampliado hasta el 1 de enero de 2021. A pesar del establecimiento de este nuevo plazo más largo, se prevé que el Gobierno de México continúe ampliando el plazo en incrementos de cuatro años de forma indefinida, eliminando así el plazo máximo durante el cual un cliente del programa de «shelter» puede operar en el marco de dicho programa.

El equipo directivo de Tecma prevé que la prórroga se renueve indefinidamente en tramos de cuatro años, ya que el Gobierno mexicano comprende plenamente la importancia de los programas de exención fiscal mexicanos en lo que respecta a los efectos económicos positivos que tienen a la hora de atraer inversión extranjera vinculada a numerosos sectores y empresas de todos los tamaños, así como al papel sumamente beneficioso que desempeñan las empresas mexicanas acogidas a estos programas a la hora de crear un número significativo de puestos de trabajo para los ciudadanos del país dentro del sector manufacturero mexicano.