Desde su creación, la certificación del Programa de Colaboración Aduanera y Comercial contra el Terrorismo (C-TPAT) ha sido objeto de numerosas críticas. Sin embargo, tanto si te gusta como si no, ha llegado para quedarse y tendrá repercusiones en el sector del transporte marítimo y en la industria de la frontera entre Estados Unidos y México.

A lo largo de la última década, las empresas que operan en la región fronteriza han llegado a comprender la filosofía, así como la importancia fundamental, de la seguridad de la cadena de suministro. Se ha desarrollado un lenguaje común que permite a los equipos operativos debatir los asuntos que les ocupan. Nuevas palabras y expresiones se han convertido en algo habitual en nuestra vida cotidiana, como GPS, centro de mando, vigilancia, mejores prácticas y patrulla itinerante, por citar solo algunas. El programa C-TPAT ha sido un increíble catalizador organizativo para las empresas, garantizando que sea posible lograr un entorno de fabricación «justo a tiempo». Todo esto no habría sido posible sin las ventajas que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha aportado al sector privado.

Los carriles «Free and Secure Trade» (FAST) se encuentran actualmente abarrotados por las tardes en los pasos fronterizos comerciales de la frontera entre Estados Unidos y México. Las empresas que estén dispuestas a hacer el esfuerzo necesario para obtener la certificación C-TPAT pueden reducir sus índices de inspección y, en consecuencia, acortar el tiempo de tránsito de sus mercancías por la frontera.

Todavía hay una cuestión algo preocupante que se cierne sobre el mundo de la logística fronteriza entre Estados Unidos y México. Tiene que ver con la suspensión y/o anulación de las certificaciones que las empresas han conseguido tras un arduo esfuerzo. Sorprendentemente, el motivo de la revocación de la certificación C-TPAT de una empresa puede ser precisamente el resultado de los esfuerzos voluntarios de esta por ayudar a la CBP a desempeñar sus funciones. Ante esta posibilidad, los directivos de las empresas deben sopesar los riesgos potenciales que conlleva actuar de forma proactiva en este sentido.

En el mundo posterior al 11-S, la CBP y sus organismos afiliados comprendieron rápidamente que inspeccionar la totalidad de la mercancía que llegaba a las fronteras de Estados Unidos sería físicamente imposible. Para poder garantizar unas fronteras razonablemente seguras, el sector tendría que participar en un esfuerzo colaborativo destinado a vigilar, proteger y asegurar de forma más eficaz sus envíos de mercancías. Esta iniciativa debía ser un proceso que no causara interrupciones y debía implantarse de forma selectiva en un entorno de alto riesgo. Para ganarse el apoyo de dichas empresas, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) necesitaba motivar su participación ofreciendo un incentivo. Ese incentivo se materializó en los carriles «Free and Secure Trade» (FAST), que agilizaban los envíos al reducir los índices de inspección de los remolques de los transportistas de confianza.

Aunque al inicio del programa se produjo cierta confusión previsible en torno a cuestiones como los índices de inspección y las normas que regirían la nueva forma de gestionar la actividad industrial y el comercio en la frontera entre Estados Unidos y México, los expedidores, los fabricantes y los transportistas comenzaron a esforzarse por aumentar su vigilancia en este contexto de mayor concienciación en materia de seguridad.

A pesar de todos los esfuerzos de la comunidad comercial, se han cometido y se seguirán cometiendo errores. Las empresas serán debidamente sancionadas por sus infracciones. Aunque hay quien considera que, en ocasiones, dichas sanciones pueden resultar excesivamente severas, es imprescindible respetar la normativa para que la iniciativa funcione de manera óptima.

Al igual que la CBP con su programa C-TPAT, otras agencias gubernamentales gestionan programas de autoinformación. La FAA cuenta con un programa de este tipo tanto para pilotos como para controladores aéreos. En 2010, la FAA tomó medidas para establecer por ley que los controladores aéreos pudieran informar por iniciativa propia de un incidente concreto sin temor a medidas punitivas. El resultado fue que los informes de la torre de control aumentaron un 53 %. Además, las Fuerzas Armadas de EE. UU., al igual que los ejércitos de muchos otros países, disponen de buzones de amnistía en todas las bases. Estos son utilizados por soldados, marineros y aviadores que se olvidan de cartuchos de munición en los bolsillos tras los ejercicios de tiro. El personal militar simplemente deposita la munición en un buzón situado en un lugar céntrico más tarde, sin temor a ser sancionado. Es evidente que han cometido un error, pero se les permite corregirlo de forma responsable sin temor a sufrir repercusiones negativas.

Los detractores de estos programas sostienen que las acciones cometidas en un entorno «sin miedo» darán lugar a un comportamiento laxo, y que se requiere una supervisión estricta y medidas punitivas para mantener el orden y la disciplina. Sin embargo, lo que estos programas han permitido a las organizaciones que los han implantado es comprender la naturaleza de algunos de los problemas a los que se enfrentan. Una vez comprendidos, se pueden aplicar programas de seguridad e iniciativas de formación específicas para mitigar el riesgo allí donde sea elevado. Las organizaciones son ahora capaces de destinar de manera eficiente valiosos recursos humanos a las áreas en las que más se necesitan. Se pueden elaborar matrices de evaluación de riesgos que contengan datos estadísticos claros y concisos para respaldar la toma de decisiones operativas.

Actualmente, si una empresa que envía productos desde México a Estados Unidos descubre un cargamento contaminado, lo más probable es que devuelva el envío en lugar de notificarlo a la CBP. La razón es clara: la empresa tiene un temor justificado a perder su certificación C-TPAT. Lamentablemente, los transportistas han sido los que han soportado la gran mayoría de las sanciones por este tipo de incidentes detectados por los perros de servicio y los inspectores.
Como consecuencia de la situación actual, las empresas suelen tomar la decisión consciente de no notificar a la CBP las irregularidades en los envíos que se producen en el lado mexicano de la frontera antes de enviarlos hacia el norte.

En un entorno de alto riesgo como el de la logística, estas decisiones no se toman a la ligera. El narcoterrorismo supone, sin duda, un alto nivel de riesgo para las empresas y su personal. Sin embargo, las fuentes de ingresos revisten una importancia fundamental para la vida cotidiana de quienes trabajan en el sector. Por ello, es necesario encontrar un equilibrio entre los riesgos y la necesidad de gestionar un negocio rentable. Además, la CBP y las agencias federales asociadas podrían estar perdiendo una oportunidad de oro para recabar enormes cantidades de información valiosa y, tal vez, útil para la investigación.

El verdadero valor añadido que se obtendría al permitir una colaboración más amplia y abierta entre las fuerzas del orden y el sector privado mediante una política racional sería, sin duda, lograr una mayor comprensión de los riesgos que conlleva el movimiento de mercancías a través de la frontera entre Estados Unidos y México. Adoptar las medidas necesarias para poder trazar un panorama claro y conciso supondría un paso inestimable hacia la consecución óptima de un comercio rápido y seguro. Se desarrollarían buenas prácticas mediante un esfuerzo específico con el fin de evitar posibles riesgos para los envíos y los elementos de fabricación. Por último, los organismos federales podrían centrar sus valiosos recursos humanos, y los recursos financieros que estos conllevan, en aquellas áreas que requieren mayor atención.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha experimentado un crecimiento sin precedentes durante la última década. La organización ha facilitado esta expansión con una eficiencia extraordinaria y una mentalidad estratégica y con visión de futuro. La CBP se ha convertido en un socio valioso para el sector en su conjunto. El sector ha aprendido mucho que ha aportado beneficios a su capacidad logística, y la CBP ha aprendido a influir positivamente en el comercio y los intercambios. El siguiente paso lógico es aumentar el nivel de colaboración entre ambas partes. El programa C-TPAT fue, y sigue siendo, uno de los mejores trampolines para una mayor participación. La autodeclaración ha demostrado ser un activo valioso para la comunidad comercial global. Ningún operador de mala fe desea autodeclararse ni, sencillamente, podría sobrevivir en un sistema que se basa en la integridad. La industria necesita un socio de confianza tanto como la CBP necesita transportistas fiables. Para que el continente norteamericano alcance su verdadero potencial de libre comercio, un cambio cultural impulsado por las políticas abriría la puerta a oportunidades que permitan que ese crecimiento se produzca. La única organización con la influencia necesaria para cambiar el statu quo actual es la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).