El 20 de diciembre de 2013, el Poder Ejecutivo de México publicó un decreto sin precedentes por el que se modifican y añaden disposiciones a la Constitución mexicana en materia de energía.

Mediante la modificación de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución mexicana, el sector energético mexicano —que durante mucho tiempo había estado nacionalizado— se abrió a la participación privada, especialmente en ámbitos relacionados con la generación y comercialización de energía eléctrica, así como con la exploración y extracción de petróleo y otros hidrocarburos. PEMEX se convertirá ahora en una empresa estatal que trabajará en colaboración con empresas privadas, tanto locales como extranjeras, con el objetivo de obtener beneficios y aumentar los ingresos y el bienestar de la nación. Antes de que las empresas extranjeras puedan lanzarse a la búsqueda de oportunidades de negocio, deben tenerse en cuenta tres aspectos importantes que se abordan en la legislación, entre ellos el uso de contenido nacional mexicano:

  • En primer lugar, esta futura colaboración con empresas energéticas extranjeras debe tener como objetivo expreso beneficiar a los ciudadanos y las empresas mexicanas. Como condición para la adjudicación de contratos y concesiones en el sector energético, la ley debe establecer en breve un porcentaje mínimo de contenido nacional mexicano que deba utilizarse en cualquier proyecto. También debe prever mecanismos para promover la industria nacional, pero únicamente dentro del marco de las normas de no discriminación, el derecho internacional y los acuerdos comerciales (como el TLCAN). La legislación de desarrollo determinará qué mecanismos pueden utilizarse, cómo se aplicarán los requisitos de contenido nacional mexicano, así como los porcentajes mínimos exigidos.
  • En segundo lugar, este decreto aborda las cuestiones medioambientales de una manera histórica. Mientras que las reformas energéticas anteriores se centraban más en el aumento de la rentabilidad, esta reforma consagra el principio de sostenibilidad en la Constitución del país, incluyendo obligaciones relativas al uso de energía limpia, así como normas para la reducción de emisiones. El Gobierno tiene previsto implantar un sistema de créditos de emisión que las empresas podrán comprar y vender para cumplir con los nuevos requisitos. La legislación de la reforma obliga al Congreso a incorporar mejores prácticas en materia de eficiencia en el uso de la energía y los recursos naturales, reducción de la generación de gases de efecto invernadero, disminución de la generación de residuos y emisiones, y una reducción general de la huella de carbono. Estas medidas permitirán que el próximo crecimiento del sector energético mexicano y el renovado interés de los inversores extranjeros se conviertan en un impulso responsable, respetuoso con el medio ambiente y sostenible para el país.
  • En tercer lugar, con el fin de evitar el favoritismo o la corrupción en este nuevo ámbito de oportunidades económicas para los inversores extranjeros y privados nacionales, el Congreso debe promulgar una ley antes del 19 de abril de 2014 que establezca mecanismos legales para prevenir, investigar, identificar y sancionar a los contratistas y funcionarios públicos, tanto nacionales como extranjeros, que incumplan, eludan o se aprovechen de la ley para influir en las decisiones de los responsables políticos con el fin de obtener beneficios económicos. En resumen, el Decreto establece requisitos estrictos para combatir el soborno y otras formas de corrupción y abuso.

El Decreto de Reforma Energética incluye disposiciones que garantizan que los contratos, tanto con empresas nacionales como extranjeras, contengan cláusulas de transparencia, que se realicen auditorías externas y que la información financiera relativa a remuneraciones, impuestos, etc., esté disponible públicamente. Los inversores privados nacionales y extranjeros, el Gobierno y la población del país saldrán beneficiados de la apertura del sector energético mexicano tras décadas de aislamiento. El Gobierno de México ha optado por adoptar una visión integral de esta oportunidad histórica, abordando las cuestiones relativas al uso de contenido nacional mexicano en el desarrollo de la industria, estableciendo disposiciones para la sostenibilidad del sector y adoptando medidas preventivas para reducir el riesgo de soborno y corrupción.