A finales de 2013, el Poder Ejecutivo mexicano modificó la Constitución mexicana para liberalizar el sector energético, nacionalizado desde hacía mucho tiempo, y abrirlo a las empresas, especialmente en ámbitos relacionados con la generación y comercialización de energía eléctrica, así como con la exploración y extracción de petróleo y otros hidrocarburos. Tanto los inversores privados —tanto extranjeros como nacionales— como el Gobierno y los ciudadanos de México se beneficiarán de la liberalización del sector energético mexicano.

La normativa secundaria relativa a las normas de contenido nacional del sector energético mexicano, que se está debatiendo actualmente, podría suponer una amenaza potencial para el crecimiento industrial y económico previsto.

Con el objetivo de impulsar la economía local y dar un empujón a las empresas mexicanas de fabricación y servicios, muchos miembros del Gobierno abogan por establecer requisitos mínimos elevados de contenido local en los insumos destinados a los sectores de la exploración de petróleo y gas. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) llegó incluso a proponer que la empresa energética nacional, Pemex, adquiriera el 100 % de los bienes y servicios de proveedores nacionales para el desarrollo en tierra firme. Otros, como el conservador Partido de Acción Nacional, consideran que lo mejor es dejar el campo abierto y elaborar normas de contenido nacional para el sector energético mexicano que permitan incluir en los contratos individuales acuerdos específicos para cada caso. Pero quizá la voz más destacada en este tema, la de un grupo de presión bastante influyente llamado Concamin —la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio e Industria de México—, aboga por que los índices de contenido local alcancen hasta el 60 %.

Sin embargo, otros países han seguido caminos similares y ofrecen ejemplos concretos sobre los resultados obtenidos. Por ejemplo, Brasil liberalizó su sector petrolero estatal en 1997, poniendo fin al monopolio de Petrobras. Pero podría decirse que los requisitos de contenido local, que alcanzan hasta el 55 %, han frenado la inversión extranjera directa, retrasando el auge económico previsto. Reuters citó a John Padilla, analista petrolero de la consultora energética IPD Latin America, sobre este tema: «Los requisitos de contenido nacional en Brasil han retrasado fácilmente el desarrollo general en varios años y han incrementado los costes».

Los analistas temen que unas normas de contenido local para el sector energético mexicano redactadas de forma similar puedan producir el mismo resultado, si llegaran a promulgarse. Por el contrario, Noruega ofrece un caso de estudio único que podría dar respuesta a esta desconcertante cuestión. Cuando comenzó a explotar sus enormes reservas del Mar del Norte en 1971, Noruega animó a los operadores extranjeros a asociarse con empresas locales. Se dio preferencia a las empresas nacionales, a las que se concedió acceso prioritario, pero no se establecieron porcentajes específicos de contenido local. Desde entonces, la inyección de inversión extranjera directa (IED) ha ayudado a Noruega a desarrollar algunas de las principales empresas petroleras del mundo. El presidente Peña Nieto ha impulsado la reforma energética del año pasado con el argumento de que la inversión de las empresas petroleras internacionales podría ayudar a aumentar la producción y estimular un crecimiento económico de alrededor del 6 % anual, pero esto solo ocurrirá si las restrictivas normas de contenido local no ahuyentan la IED.