Cuando se nacionalizó la industria petrolera de México en 1938, la empresa estatal, Petróleos Mexicanos (PEMEX), asumió todas las operaciones, prohibiendo a las empresas privadas extranjeras celebrar contratos con el monopolio petrolero del Gobierno mexicano para explorar y perforar en busca de petróleo y gas con el fin de satisfacer las necesidades energéticas. Esto ha dado lugar a unos elevados costes energéticos, especialmente para el sector manufacturero mexicano, y a una tasa de crecimiento generalizada y deprimida de la inversión extranjera directa en actividades industriales que hacen un uso intensivo de la energía.  En estas circunstancias, la reforma energética mexicana era absolutamente necesaria para impulsar el sector productivo del país frente a la intensa competencia mundial.

En la última década, la producción petrolera de México se ha reducido en una cuarta parte, lo que ha provocado un aumento de las costosas importaciones de energía. Debido a ello, la industria mexicana ha pagado durante el último año un 45 % más por la electricidad que las fábricas estadounidenses.

En 2012, el déficit comercial de México en el sector petroquímico superó los ocho mil millones de dólares, y ascendió a más de cinco mil millones de dólares en el caso de los productos derivados de la industria petroquímica, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México.

Además, el sólido sector manufacturero de México, que es un importante consumidor de plásticos y otros productos petroquímicos, se ha visto en una situación de desventaja histórica debido a la oferta limitada de gas natural. Las inversiones netas anuales en el sector manufacturero han alcanzado una media de 20 000 millones de dólares en los últimos cinco años, mientras que los sectores del petróleo, el gas y la energía solo han recibido 360 millones de dólares durante el mismo periodo. Una mayor explotación del petróleo y el gas no solo crearía puestos de trabajo en este sector de la economía, sino que también haría económicamente atractivo para las industrias que son grandes consumidoras de estos recursos establecerse en el país. El 12 de diciembre de 2013 se aprobó una legislación histórica que modifica la Constitución mexicana y que constituye una reforma energética que cambiará el funcionamiento del prometedor sector energético del país, permitiendo la participación de inversores extranjeros en el sector. Esta medida allana el camino para que los monopolios petroleros y eléctricos de México, Pemex y la CFE, se conviertan en «empresas productivas». Abre la puerta a que las empresas petroleras privadas exploren y produzcan petróleo y gas en virtud de licencias y acuerdos de producción o de reparto de beneficios. Además, permite que las empresas eléctricas privadas generen y vendan electricidad. Asimismo, abre una vía económicamente viable para que las industrias con un alto consumo energético prosperen en el país.

Thomas Donahue, presidente de la Cámara de Comercio de EE. UU., es uno de los líderes empresariales más destacados que ha estimado que el aumento de la oferta de petróleo y carbón será beneficioso tanto para la industria manufacturera mexicana como para la de toda América del Norte. Muchos consideran que el aspecto más importante de la reforma no radica en el petróleo y el gas en sí, sino en la reducción de los costes de fabricación gracias a la nueva ampliación de la oferta energética. El mayor banco de México, BBVA Bancomer, estima que el potencial de crecimiento de la producción económica en el nuevo año, gracias a una mayor abundancia de gas natural, será superior al tres por ciento. Marco Oviedo, de Barclays, afirma que la inversión podría aumentar hasta el 3,5 % del producto interior bruto en los próximos años, desde el menos del dos por ciento actual.

La reducción de los costes de combustible que supondrá la reforma energética mexicana a medio plazo podría consolidar al país como uno de los lugares más rentables en todos los ámbitos para la fabricación. Además, los fabricantes mexicanos podrían integrarse en mayor medida, ya que podrían tanto fabricar piezas que requieren un importante consumo de energía como ensamblar dichas piezas para obtener productos finales. Por ejemplo, debido a los elevados costes energéticos, la industria automovilística mexicana importa la mayor parte de su acero y vidrio, en lugar de fabricarlos localmente. El menor coste de la energía, derivado de una mayor competencia y producción de petróleo y gas, proporcionará, por lo tanto, una capacidad de fabricación más competitiva tanto para el montaje como para la producción de insumos destinados a estas dos industrias. Un mayor suministro energético podría impulsar la inversión extranjera en fábricas y empresas manufactureras en México, debido a la reducción de los costes de combustible a los que se enfrentarían los productores.

Algunas estimaciones prevén que la reforma energética mexicana sentará las bases para una inversión extranjera directa (IED) media anual de aproximadamente cincuenta mil millones de dólares durante la próxima década.